¿DEBE METERSE LA IGLESIA EN POLÍTICA?

Si entendemos por política la actividad de toma de decisiones que lleva a cabo un gobernante o un Parlamento, ciertamente no es ésa una tarea ni misión propia de la Iglesia. Un cura o un obispo no pueden hacer de Presidentes del Gobierno, de ministros o de diputados; ni tampoco influir activamente para que se aplique una política “de color” rojo, verde, azul o morado. No es de su competencia, por ejemplo, establecer ni decir cuántos millones de euros se dedican a un apartado o a otro; si se hace una autovía o no (y por dónde debe transcurrir el trazado); establecer cómo se organiza la sanidad, la educación o la economía… Eso son decisiones que tienen que tomar los políticos, los gobernantes, que para eso están.

La autonomía de las realidades temporales y religiosas es algo reconocido a día de hoy por la Iglesia misma, hasta el punto de prohibir expresamente a los clérigos su participación en política. Efectivamente, dice así el Código de Derecho Canónico: “Les está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil” (canon 285.3); “[Los clérigos] no han de participar activamente en los partidos políticos ni en la dirección de asociaciones sindicales, a no ser que, según el juicio de la autoridad eclesiástica competente, lo exijan la defensa de los derechos de la Iglesia o la promoción del bien común” (canon 287.2). La cosa está muy clara.

Ahora bien, abstenerse de participar o influir activamente en el ejercicio de la política no significa incapacidad o inhabilitación para opinar (como cualquier ciudadano en democracia) y hacerlo, igual que todo el mundo, desde las propias convicciones o valores. La Iglesia no decide (ni debe hacerlo) cuáles son las leyes ni las políticas que se aplican, pero pretender acallar su opinión y su voz (una más, por lo menos, entre los diversos estamentos sociales) constituiría una actitud muy poco democrática, de tipo totalitario. Si un Colegio Profesional, un colectivo de actores o de cantantes o cualquier otro grupo social puede protestar o decir su opinión ante determinadas leyes, políticas o actitudes de los gobernantes, parece incoherente pensar que la Iglesia (tan parte de la sociedad como dichas asociaciones) tenga que permanecer callada, cuando cree que esas decisiones afectan al bien común o a los derechos de las personas.

Suele decirse que los obispos se meten en política, pero no es verdad: se meten en los valores o dimensiones morales que tienen las leyes y las decisiones políticas, cuestión que sí resulta de su competencia, en cuanto defensores de la persona, hija de Dios (de su integridad, de su libertad, de su dignidad…). La política no es competencia de la Iglesia, pero la moral, sí, y casi todos los aspectos políticos, sociales, científicos… tienen implicaciones de tipo moral, sobre los que la Iglesia puede y debe pronunciarse.

Además, hay que desenmascarar el doble rasero de quienes critican o dicen que la Iglesia no debe meterse en política y que, por otra parte, suelen ser, muchas veces, los mismos que sí se creen con derecho a decirle cuál debe ser su “política” o doctrina con los curas célibes o casados, con la ordenación de mujeres, con la anti-concepción, el aborto, la sexualidad, con su organización jerárquica o (le piden) democrática… Incluso, le dicen que en tal o cual cuestión (por ejemplo, en política, valga la redundancia) no debe meterse; o le dicen, de manera muy vehemente (y hasta impositiva) que relegue su fe a las sacristías o tan solo al ámbito privado… Resumiendo: estas personas demandan a la Iglesia que no se meta en los asuntos públicos de la política, pero ellas mismas acostumbran a meterse en los asuntos de la Iglesia, las más de las veces sin tener la menor idea, porque, ya lo dice el refrán: “la ignorancia es osada”.

Y, en segundo lugar, parece incongruente exigir que los católicos o los cristianos releguemos, sin más, nuestra fe al ámbito privado, a las sacristías, sin que nuestras ideas influyan exteriormente. La religión conforma unos valores, una idea del hombre, de la sociedad, de las leyes… tan defendibles públicamente como los de quienes opinan lo contrario que nosotros. En suma, tenemos derecho a luchar por reunir la mayoría democrática o usar los medios legítimos de protesta que cambien las leyes y la sociedad conforme a nuestras convicciones, igual que el resto de ciudadanos. Lo contrario sería establecer una esquizofrenia entre el interior y el exterior de la persona; como si alguien, por ejemplo, tuviera profundas convicciones social-demócratas y no quisiera conformar la sociedad de acuerdo con ellas. Dejemos de pedir peras al olmo…